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El ombudsman capitalino, Luis Armando González Placencia, afirmó que frente a este hecho y mientras se establece el móvil de la agresión, es indispensable instrumentar las medidas que sea necesario para salvaguardar a la presidenta de la asociación “Nuestras hijas de regreso a casa”.
“Se trata de un descuido gravísimo porque ella ya había sufrido un atentado. Era obligación de las autoridades protegerla y esto no ocurrió”, puntualizó.
El primer atentado ocurrió en diciembre pasado en Chihuahua y la mañana de este viernes fue atacada por un sujeto con un arma punzocortante, en su domicilio ubicado en la delegación Coyoacán.
Aseveró que la obligación, en primera instancia, era del gobierno de Chihuahua, pues allá sufrió la primera agresión y por ello deberá explicar por qué no le dio protección.
Las medidas cautelares para la activista y su familia deben ejecutarlas las autoridades del Distrito Federal en términos suficientes y urgentes para garantizar su seguridad.
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