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Hermenegildo Zeferino y Emilio Juárez Damián, encabezan el movimiento de padres afectados por la destrucción de la escuela local y señalaron que el gobierno debe asumir la responsabilidad de dejar a casi 300 niños sin escuela en el ciclo escolar.
Señalaron que la medida de llevar a los niños a la comunidad de La Injertada no garantiza un estado de derecho "ni la justicia del estado, porque está cediendo a un grupo que impone desde hace años su voluntad por la fuerza en este lugar".
Pidieron a su vez que los responsables sean castigados ante las autoridades por la destrucción intencional del plantel, enfatizando que "este delito y atropello para la sociedad no debe ni puede quedar impune".
El llamado obispo Matín de Tours, cuyo nombre verdadero es Antonio Lara Caballero, se ha negado en al menos dos ocasiones a acudir ante el Ministerio Público, para declarar en torno a los hechos ocurridos el 6 de julio que lo señalan como autor intelectual y de azuzar a la comunidad a cometer agresiones físicas y verbales contra el grupo que difiere del reglamento de su secta.



