La presidenta municipal con licencia de Álamo,  Blanca Batalla Herver deberá aclarar las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos del 2008 donde se presume un daño patrimonial de 30 millones de pesos.
 
El presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, Balfrén González Montalvo, dijo que a pesar que  la alcaldesa haya solicitado licencia definitiva para separarse del cargo, deberá solventar las anomalías detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior.

El legislador priista consideró que el Orfis tendrá que continuar con las investigaciones, por lo que tendrá que notificar no únicamente al Ayuntamiento de Álamo sino a todos aquellos ayuntamientos donde se estima un presunto daño patrimonial.

“Se le tendrá que requerir para que haga las solventaciones correspondientes…la tendrán que notificar en su momento”, señaló y  manifestó que la alcaldesa no se irá sin responder por las irregularidades detectadas.

“Yo pienso que el Orfis tiene que hacer su trabajo, pero lo único es que esto lleva un seguimiento… yo siento que la ley es muy clara, el Órgano de Fiscalización tiene una normatividad propia, a la que se tendrán que sujetar todos los alcaldes del estado”, demandó.

Recordó que será el Orfis el que determine el periodo de solventación para Batalla Herbert, sin embargo, aseguró que estará atento a las notificaciones que el órgano fiscalizador haga a los alcaldes.

Y es que la Diputación Permanente del Congreso autorizó por unanimidad la solicitud de licencia definitiva para separarse del cargo edilicio, a la alcaldesa priista de Álamo, Blanca Batalla Herver.

A principios de noviembre, la ex diputada local solicitó licencia temporal de 90 días para ausentarse de su cargo, y su lugar fue ocupado por su suplente Arturo Ortiz Carballo, quien continuará hasta el 31 de diciembre para terminar el periodo de la actual administración municipal.

Batalla Herver se disponía a regresar a la alcaldía el jueves 4 de febrero, razón por la cual en la sesión del pasado sábado 30 de enero, del pleno del Congreso, envió un escrito a los diputados comunicándoles su reincorporación a su cargo edilicio.

Pero no se imaginó la priista que encontraría rechazo por su regreso, de ahí que trabajadores del Ayuntamientos y algunos sectores de la población, se apoderaron del Palacio Municipal y le impidieron el acceso. No lo pensó dos veces, y decidió que le extendieran su licencia con carácter definitivo.