El presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Congreso loca, Alfredo Trees Jiménez expresó que los diputados fueron “benévolos” al aprobar las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte.

Recordó que antes de que el gobernador del estado signara un acuerdo con los transportistas para que mejoraran las condiciones de los autobuses o sacaran de circulación los autobuses chatarra; se les otorgó un plazo de sólo 40 días mientras que el Congreso concedió un término de 120 días para hacer los cambios pertinentes.

Asimismo, dijo que antes de la reforma se querían autorizar los incrementos a las tarifas “en base como querían”.

“El gobernador les autorizaba un incremento a las tarifas en base a como quería, ahora el Congreso las fijará con base a la inflación y a los aumentos colaterales a los precios de los insumos; aunado a ello habrá un fideicomiso en la Ley de Ingresos y Egresos”.

Por ello, reconoció que los transportistas están en su derecho de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley de Tránsito y Transporte.

Sin embargo, sostuvo, -sin ser abogado- que una acción de inconstitucionalidad se presenta cuando se violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Yo les quiero preguntar a mis amigos transportistas si en alguno de los 136 artículos de la Carta Magna existe la figura de requisa, no la hay y en consecuencia no procede, pero eso las autoridades lo resolverán”.

Reconoció que el titular del Ejecutivo tiene de plazo 10 días hábiles, a partir del 5 de marzo de este año, fecha en la cual el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte, para publicar el decreto en la Gaceta Oficial o en su caso, vetar las reformas enviando a la Legislatura las observaciones correspondientes.

Y explicó que una vez que venza el plazo y no haya ocurrido ninguno de los dos casos, el Congreso del Estado tiene la obligación jurídica de publicar el decreto en la Gaceta Oficial.