Duende
06.04.2010 | 18:39
Justicia con distingos
Ah, pero si se tiene dinero y algún apellido pomposo, extranjero o castellano de alcurnia, el panorama cambia. Los presuntos implicados serán tratados con todo cuidado y atención, no habrá detenciones y mucho menos remisiones a un reclusorio
Vaya que hay sus diferencias sociales en México, pajarracos; cuando se es pobre y sospechoso de haber cometido algún delito, aplica la acusación a priori, sin presunción de inocencia, el presunto implicado es remitido directamente al reclusorio, donde tendrá que esperar semanas, meses y a veces hasta años para que se le inicie un proceso y pueda demostrar su inocencia o se demuestre su culpabilidad, pero mientras eso ocurre ya se pasó años en la cárcel y ya vivió una de las experiencias más terribles y aterradoras que se puedan vivir en este país.
Ah, pero si se tiene dinero y algún apellido pomposo, extranjero o castellano de alcurnia, el panorama cambia. Los presuntos implicados serán tratados con todo cuidado y atención, no habrá detenciones y mucho menos remisiones a un reclusorio; en el peor de los casos se les dictará un arraigo que pasarán cómodamente en un hotel, hasta que sus costosos abogados logren mover influencias y recursos legales para conseguirles que enfrenten las investigaciones en libertad.
Porque cuando se tienen recursos económicos no se es ni indiciado ni presunto implicado, y mucho menos sospechoso; en ese caso, las autoridades aclaran que sólo son sujetos a investigación y esgrimen a favor de los señalados la presunción de inocencia que nuestra Constitución y códigos penales otorgan a todos los ciudadanos mexicanos sin excepción ni distingos de ningún tipo, pero que en la práctica, pajaritos, sólo existe para quien tiene el dinero para argumentarla y defenderla a través de sus abogados.
Y del amparo ya ni hablamos, pajarrcos, a ése sólo tienen acceso quienes pueden moverse con abogados para obtenerlos con la rapidez y eficacia que ese instrumento constitucional debiera dar, otra vez, a cualquier acusado sin distingos, pero que en los hechos nuevamente depende de la capacidad económica o de las influencias para conseguirlo y hacer efectiva la protección del Poder Judicial ante los abusos del Estado.
¿O alguna vez supieron de algún jodido que haya logrado un amparo y evitado ir a dar al reclusorio por una acusación de la que ni siquiera le habían probado la responsabilidad? ¿Tuvieron las indígenas Teresa y Alberta o su compañera Jacinta la posibilidad de un amparo o al menos de un arraigo mientras se probaba su culpabilidad en un presunto secuestro de agentes federales realizado por estas mujeres que vendían artesanías y comida en un tianguis de pueblo?
He sabido de casos, pajarracos, de personas de bien que al verse involucradas en una riña callejera y ante una acusación falsa son enviadas directamente a un reclusorio donde llegan a pasar meses, a veces hasta años en espera de un juicio que nunca llega y que cuando llega y logran ser liberados ya han quedado marcados de por vida ante la experiencia de convivir con criminales y delincuentes de alta peligrosidad.
Pero eso nunca lo verán cuando los acusados o implicados en una investigación tengan cierto nivel social y cierta capacidad económica. A menos que se trate de una venganza política o de un caso donde entren en juego intereses económicos que movilicen a su vez intereses políticos y corrupción en el Poder Judicial. En la mayoría de los casos, tener capacidad económica equivale en México a tener acceso a la justicia, no tenerla es quedar condenado a la injusticia y al oprobio de un sistema judicial y carcelario que puede arruinar para siempre la vida de la persona más proba y recta.
Díganme si no es eso lo que estamos viendo en el caso de la niña Paulette Gebara Farah, donde los padres, con todo y las contradicciones en que han caído, con todo y las inconsistencias y las mentiras que se han descubierto en el caso, no están siquiera en calidad de indiciados y se les liberó después de un arraigo en el que siempre tuvieron acceso a sus abogados y a todas las comodidades. ¿Se imaginan si la niña de cuatro años en vez de vivir en Interlomas hubiera vivido en Iztapalapa y en lugar de sus apellidos libaneses se hubiera apellidado Gómez o Gutiérrez?
Muy distintas serían las cosas, pero estamos ante una procuración de justicia y un sistema judicial que se mueve por intereses y por influencias, y ni siquiera es seguro, como van las cosas, que la niña Paulette vaya a tener justicia en su extraña muerte.
Ah, pero si se tiene dinero y algún apellido pomposo, extranjero o castellano de alcurnia, el panorama cambia. Los presuntos implicados serán tratados con todo cuidado y atención, no habrá detenciones y mucho menos remisiones a un reclusorio; en el peor de los casos se les dictará un arraigo que pasarán cómodamente en un hotel, hasta que sus costosos abogados logren mover influencias y recursos legales para conseguirles que enfrenten las investigaciones en libertad.
Porque cuando se tienen recursos económicos no se es ni indiciado ni presunto implicado, y mucho menos sospechoso; en ese caso, las autoridades aclaran que sólo son sujetos a investigación y esgrimen a favor de los señalados la presunción de inocencia que nuestra Constitución y códigos penales otorgan a todos los ciudadanos mexicanos sin excepción ni distingos de ningún tipo, pero que en la práctica, pajaritos, sólo existe para quien tiene el dinero para argumentarla y defenderla a través de sus abogados.
Y del amparo ya ni hablamos, pajarrcos, a ése sólo tienen acceso quienes pueden moverse con abogados para obtenerlos con la rapidez y eficacia que ese instrumento constitucional debiera dar, otra vez, a cualquier acusado sin distingos, pero que en los hechos nuevamente depende de la capacidad económica o de las influencias para conseguirlo y hacer efectiva la protección del Poder Judicial ante los abusos del Estado.
¿O alguna vez supieron de algún jodido que haya logrado un amparo y evitado ir a dar al reclusorio por una acusación de la que ni siquiera le habían probado la responsabilidad? ¿Tuvieron las indígenas Teresa y Alberta o su compañera Jacinta la posibilidad de un amparo o al menos de un arraigo mientras se probaba su culpabilidad en un presunto secuestro de agentes federales realizado por estas mujeres que vendían artesanías y comida en un tianguis de pueblo?
He sabido de casos, pajarracos, de personas de bien que al verse involucradas en una riña callejera y ante una acusación falsa son enviadas directamente a un reclusorio donde llegan a pasar meses, a veces hasta años en espera de un juicio que nunca llega y que cuando llega y logran ser liberados ya han quedado marcados de por vida ante la experiencia de convivir con criminales y delincuentes de alta peligrosidad.
Pero eso nunca lo verán cuando los acusados o implicados en una investigación tengan cierto nivel social y cierta capacidad económica. A menos que se trate de una venganza política o de un caso donde entren en juego intereses económicos que movilicen a su vez intereses políticos y corrupción en el Poder Judicial. En la mayoría de los casos, tener capacidad económica equivale en México a tener acceso a la justicia, no tenerla es quedar condenado a la injusticia y al oprobio de un sistema judicial y carcelario que puede arruinar para siempre la vida de la persona más proba y recta.
Díganme si no es eso lo que estamos viendo en el caso de la niña Paulette Gebara Farah, donde los padres, con todo y las contradicciones en que han caído, con todo y las inconsistencias y las mentiras que se han descubierto en el caso, no están siquiera en calidad de indiciados y se les liberó después de un arraigo en el que siempre tuvieron acceso a sus abogados y a todas las comodidades. ¿Se imaginan si la niña de cuatro años en vez de vivir en Interlomas hubiera vivido en Iztapalapa y en lugar de sus apellidos libaneses se hubiera apellidado Gómez o Gutiérrez?
Muy distintas serían las cosas, pero estamos ante una procuración de justicia y un sistema judicial que se mueve por intereses y por influencias, y ni siquiera es seguro, como van las cosas, que la niña Paulette vaya a tener justicia en su extraña muerte.
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“Claro que si afectará, todo lo que sume para una mejor seguridad es bienvenido".

