Xalapa, Ver.- El presidente del Congreso local, Héctor Yunes Landa, recalcó que es jurídicamente imposible que la presente legislatura analice la propuesta para ampliar a cuatro años el periodo constitucional para los alcaldes recientemente electos.

Sin embargo, indicó que lo único que se puede hacer es turnar a comisiones su análisis, pero en todo caso será la siguiente legislatura la que pueda dictaminar el proyecto, “pero no opera para los que fueron electos ahorita”.

Precisó que el artículo 14 de la Constitución Política de nuestro estado destaca que a ningún elemento se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y en ese sentido, “es imposible jurídicamente”.

Y es que el dirigente estatal del PRI, Ranulfo Márquez Hernández sostuvo que podría aplicarse la ampliación del periodo constitucional con base en la introducción de un transitorio.

Sin embargo Yunes Landa rechazó contradecir a su líder de partido, pero reiteró que es imposible que surta efecto para los que ya fueron electos por tres años.

“Fueron electos para tres años, cuando fueron nominados y electos estaba vigente el artículo 70 de la Constitución vigente en este momento y lo mismo les puedo decir que será la próxima legislatura la que pueda, no está obligada a dictaminar”, destacó.

Reiteró que se requieren de dos periodos ordinarios para hacer una reforma constitucional y a esta legislatura ya no le queda ningún periodo ordinario.

El legislador priista aseveró que además de estar a favor de la ampliación del periodo para los presidentes municipales a cuatro años, también lo está porque haya una reelección de los mismos.

“Yo tengo una posición diferente, yo tengo la impresión que podrían ser ambas, que podrían ser cuatro años con posibilidad de una reelección, porque después da lugar a cacicazgos y da lugar a que un alcalde trabaje no para cumplir a la ciudadanía sino para cooptar los grupos políticos y mantenerse en el poder y gastarse el recurso en cooptar a los grupos que en cumplir como gobernante”, mencionó.

En ese sentido, consideró que un periodo de ocho años no es mucho tiempo para un munícipe, pero en todo caso el ciudadano tendrá la capacidad de calificarlo o descalificarlo para no volver a votar por él.